Durante los últimos meses se ha venido desarrollando un intenso debate entorno a la definición de una nueva política para educación superior, cuyos primeros avances se conocerán en abril según plazos del MINEDUC.
La prensa escrita, oficinas ministeriales, junto a las altas cúpulas políticas y tecnocráticas del país han sido sus escenarios. Altos funcionarios, rectores, expertos nacionales e internacionales, sus actores. Pero una vez más los estudiantes y el pueblo no hemos estado presentes. Ante este escenario, en el cual por arriba reina la discusión y la disputa por incidir en los futuros de nuestra educación mientras que por abajo el silencio y desorganización, es que debemos convencernos de que nuestra fuerza masiva y organizada es necesaria para buscar colectivamente los nuevos caminos de la lucha por la educación, que creemos convergen con otras luchas sociales en la necesidad del cambio social.
¿Cómo surge la idea del “Nuevo Trato”?
Una de las voces que más ha resonado en este debate al interior de nuestra universidad es la del “Nuevo Trato con el Estado”, impulsada por el rector Víctor Pérez (U. de Chile) con el apoyo del Consorcio de Universidades Estatales. Pero ¿Cómo surge esta propuesta?
El origen del concepto de “Nuevo Trato” es difuso. En un principio (2006), nace desde los estudiantes como discurso aglutinador de la comunidad universitaria para exigir al Estado la dignidad que las universidades públicas se merecen. También fue la bandera de lucha que levantaría el rector Pérez en su carrera para acceder a dicho puesto, blanqueando con ello su anterior vinculación al grupo político del ex rector Jaime Lavados, conocido por sus medidas antidemocráticas y privatizadoras.
Al año siguiente (2007), la Fech decidió movilizarse con un pliego de demandas internas, entre las cuales estaba hacer un Encuentro Universitario Triestamental para decidir los principales lineamientos que redefinirían la relación entre el Estado, la U y la sociedad chilena, como forma de darle contenido a ese genérico “Nuevo Trato”. Tanto el petitorio como las formas de movilización fueron zanjadas mediante una polémica consulta estudiantil o referéndum muy criticado por amplios sectores estudiantiles y que terminó por cerrar discusiones sin siquiera haber comenzado en los espacios locales, con la intención de forzar la creación de un hito político que a la larga sólo simbolizó el vaciamiento de nuestra federación.
A pesar de toda la debilidad de los estudiantes, rectoría acordó en negociación que se haría un Encuentro Universitario y unos meses después se llevó a cabo. Éste no logró convocar participación masiva y gran parte de sus conclusiones fueron reformuladas en las instancias superiores que redactaron el documento final. Finalmente, en enero 2009, el rector lanzó al público un folleto titulado “Nuevo Trato con el Estado” que recogía algunos matices del Encuentro Universitario,
Nuestra falta de fuerza como movimiento estudiantil, al relegarnos a espacios de participación formal, terminó por legitimar la propuesta de avanzada del Rector. A su vez, paradójicamente fue él quien puso en el tapete una “defensa de la universidad pública” de mejor manera que nunca los estudiantes lo habían podido hacer, en ese sentido, se apropió con éxito de varias demandas estudiantiles para hacerlas digeribles por el modelo.
El debate actual y el “Nuevo Trato”
El “Nuevo Trato” es la propuesta con la que los rectores de universidades estatales han estado peleando para influir en la próxima definición de una nueva política de educación superior. Es en relación a esa discusión que podemos comprender su significado real: una defensa de la universidad pública que profundiza su mercantilización.
El “Nuevo Trato”, en el papel, consiste principalmente en demandar para las universidades estatales un aumento del financiamiento mediante el mejoramiento del aporte basal al presupuesto e instauración de un sistema de convenios de desempeño, y una reforma al marco legal con el propósito de facilitar una administración acorde a los criterios de eficacia mercantil. Mientras que en términos sustantivos significa poner a las universidades estatales en condiciones de competir de igual a igual con las privadas en el mercado de la educación superior, según han manifestado varios rectores. En otras palabras, de lo que se trata es de consolidar una universidad “pública” para el neoliberalismo.
Si bien este debate ha parecido una batalla épica, lo cierto es que el consenso es mucho más grande que las diferencias. Desde la neoliberal OCDE (organismo internacional que ha asesorado al MINEDUC durante las últimas décadas), hasta nuestro “progresista” rector, pasando por José J. Brunner y el propio ministerio, los puntos de acuerdo son tan claros como contundentes: la educación superior es una mercancía, las universidades deben relacionarse entre sí y con la sociedad chilena a través de lógicas de mercado, y el mercado educativo debe someterse a reformas para solucionar las problemáticas que siendo innecesarias de mantener para el funcionamiento del modelo resultan demasiado irracionales como para poder asegurar la prolongación de la baja conflictividad social en el sector. Mientras que los puntos de discusión guardan relación únicamente con la intensidad y formas concretas con que el Estado debe dirigir su apoyo a las universidades privadas, reflotando la discusión, tan añeja como ajena al pueblo, sobre si la educación pública debe ser estrictamente laica o también podría ser de inspiración religiosa: en esta discusión de una u otra manera el que pierde seguimos siendo nosotros.
En nuestra universidad, el “Nuevo Trato” se ha presentado como una vía para el fortalecimiento de “la Chile”, lo cual concretamente ha dicho el rector debe concretarse en mejorar su competitividad ante el mercado educativo nacional e internacional y mejorar la excelencia académica –que no es lo mismo que calidad-, como medidas para formar a las “elites progresistas” del futuro. Este proyecto, que no es más que la cara interna del proceso nacional, en la práctica ha demostrado ser una apuesta por la desvinculación del quehacer universitario respecto de las necesidades y sueños del pueblo –pues resulta poco competitivo hacerse cargo de ello-, a la vez que una forma particular de producir más desigualdad social –pues por muy “progresistas” que sean las elites que se quiera formar no dejarán de ser élites-.
Porque organizados somos fuerza, ahora es cuando.
Por esto, es necesario pasar a la ofensiva, lo que consiste principalmente en tomarnos en serio el avanzar hacia reconstruirnos como movimiento estudiantil, teniendo claro que nuestras pequeñas victorias no deben ser oportunidades para afinar el modelo con maquillajes progresistas o legitimar la conducción de algunos dirigentes que les gusta sonreír con la idea de que “estamos cambiando el mundo”, sino que deben ser el sustento con el que vamos creciendo colectivamente como parte del movimiento popular y fortaleciendo la opción por el cambio social.
La invitación ya está hecha: a construir fuerza organizada y demostrar en la práctica que no hay reforma neoliberal por más progresista que se pinte que pueda dar término a las luchas por la recuperación de la educación chilena.
