Tras los últimos estallidos estudiantiles que han denunciado los problemas estructurales de nuestro sistema educativo, ya nadie puede sostener que exista igualdad de condiciones entre la educación pública y la privada. El sistema público está en decadencia y las cifras lo corroboran: en 1981, los colegios municipales poseían el 78% de los estudiantes del país; en el 2007 esa cifra había disminuido al 45%. En este contexto, se propone una la ley para fortalecer la educación publica (LEP) –que operaría dentro de los marcos establecidos por la LGE-, basada en el diagnostico de la necesidad de generar una educación pública de calidad y que logre entregar igualdad de oportunidades.¿Podrá este proyecto de ley podrá resolver la desigualdad de condiciones en la educación actual?
Lo novedoso del proyecto consiste en instalar una nueva arquitectura de funcionamiento dentro del MINEDUC, creando dos organismos: por una parte, está el Servicio Nacional de Educación, que vendría a prestar apoyo educativo a los sostenedores públicos y a velar por el mejoramiento de la calidad en el servicio educativo, además de ejecutar las políticas y planes que vengan desde el ministerio. Y por otro lado, están las Corporaciones Locales de Educación Pública, establecidas en un territorio definido que puede comprender una o más comunas. Ellas pasarán a ser las sostenedoras de los colegios de la zona, serán quienes contraten y despidan a los trabajadores –profesores, auxiliares, etc.-, y también administrarán los colegios y por ende los dineros. Lo novedoso, es que estas corporaciones en cuanto sostenedores deben prestar una educación gratuita, es decir, no pueden lucrar. El problema, es que esta regulación se le impone sólo a los sostenedores de escuelas públicas, permitiendo que los sostenedores de colegios particulares–subvencionados (que concentran el 47% de la matrícula del país) puedan seguir lucrando con los recursos del estado, y de paso con las esperanzas de miles de familias.
Además, las municipalidades que tienen colegios públicos exitosos, es decir, las más ricas, podrán constituirse a sí mismas como una corporación. Con esta nueva manera de administrar los colegios, de ninguna manera se apunta a terminar con la segmentación social de nuestro sistema educativo: seguirán existiendo colegios buenos en barrios ricos, y colegios malos en barrios pobres.
Sabemos que la segmentación social se produce desde el momento en que a los colegios se les permite seleccionar a sus estudiantes: al respecto, la LEP plantea que los colegios públicos no podrán seleccionar… salvo el caso de los establecimientos reconocidos por su excelencia (los emblemáticos), o en el caso de que existan más postulantes que matrículas disponibles… pareciera que estamos ante una broma de mal gusto.
Económicamente, se podría argumentar que esta nueva ley permite mejorar el problema de la gestión. Sin embargo, el financiamiento estipulado por la nueva ley es de 1,2 UTM ($40.000 aprox.) por alumno matriculado. Con eso, no es mucho lo que se puede hacer. Un tema aparte, es que la LEP no considera la participación de los apoderados, los vecinos o los estudiantes en la toma de decisiones acerca de las orientaciones de los colegios, ni tampoco recoge las demandas de fondo que ha venido el movimiento estudiantil, sino que incluso las transforma: con la promulgación la LGE y de la LEP vemos como el concepto de calidad, que fuera uno de los ejes centrales de la demanda generalizada durante la movilización del 2006, es apropiado y dotado de contenido por el mismo modelo al que criticamos, permitiendo legitimar todos estos proyectos de ley.
Así, seguirán imperando criterios “tecnocráticos” en la educación, seguirá la represión al interior de los colegios, y lo que es aún más dramático, con esta “nueva” educación pública, el mito de la movilidad social seguirá siendo eso: sólo un mito. Nuestro sistema educativo, lejos de orientarse hacia corregir las diferencias socio-económicas de origen, las seguirá reproduciendo.
¿Por qué esta ley podría ser un tema importante para los universitarios?
Es necesario que consideremos este tema desde una perspectiva, entendiendo que es un tema nacional en cuanto no afecta sólo a los estudiantes secundarios, sino también a los profesores, y a todas las familias del país que aspiran a que tengamos una buena educación pública.
Surge entonces la necesidad de estar atentos y alertas respecto a esta coyuntura nacional que probablemente se planteará como una demanda no sólo por parte de los estudiantes, sino también de los profesores (que además están peleando por el estatuto docente y la deuda histórica). Debemos cuidarnos de que tanto la derecha como algunos sectores de izquierda busquen instrumentalizar esta ley para realizar acuerdos con la concertación, en víspera de unas elecciones presidenciales y parlamentarias en donde hay mucho por ganar y por perder. Pero lo más importante, es tener claro que propuestas como la LGE o la LEP no surgen al beneplácito de las autoridades, sino que son efectivos instrumentos para acallar al movimiento social que se levantaba contra los pilares del actual sistema educativo, de un modo tal que las soluciones se dan dentro del mismo sistema, maquillándolo por aquí y por allá para tranquilizar las aguas y de paso evitar que se plantee una transformación radical en nuestra injusta sociedad.
Ante este gradual cierre del modelo y del debate, nuestro deber es seguir buscando y evidenciando aquellos elementos que muestran las contradicciones de nuestro desigual sistema educativo, enmarcado en el contexto de un país regido por un deshumanizante sistema neoliberal en donde unos pocos viven producto de la pobreza de muchos. Nuestro deber, es seguir dando la pelea por una mejor educación publica, de calidad y al servicio de los trabajadores y el pueblo.
